Sánchez exprime con 19.000 millones más a familias y empresas para disparar el ‘gasto público electoral’

Los ‘presupuestos de la justicia fiscal y la eficiencia económica’ aprobados por el Gobierno de Sánchez ni serán justos ni eficientes. Para disparar el gasto público más que nunca en la historia se ha decidido machacar a impuestos a familias y empresas sobre las que la presión fiscal subirá un 7,7%. Este es el aumento de los ingresos previsto tanto en el Impuesto sobre la Renta como en el de Sociedades.

El notable incremento de la recaudación por impuestos tiene que ver con la elevada inflación. La previsión es que acabe en el 8,5%, y aunque se vaya desacelerando a lo largo de 2023 -hasta el entorno del 5%- sus efectos se arrastrarán a lo largo de todo el ejercicio, debido a la rotunda negativa del Gobierno a descontar el crecimiento de los precios de las retenciones del impuesto de la renta -la llamada deflactación de la tarifa-.

Lo mismo sucede en el Impuesto de Sociedades, con el contratiempo añadido de la decisión del Ejecutivo de impedir que las empresas compensen totalmente sus pérdidas de años anteriores, así como la doble imposición de los dividendos adoptada a lo largo de este año, que ha reforzado la presión sobre las compañías españolas muy por encima de la que padecen sus homólogas de la Unión Europea. «Todas estas circunstancias hacen que los presupuestos aprobados ayer no sean ni justos, pues castigan a las familias y a las sociedades, ni eficientes, porque dañarán la competitividad de la economía española debilitando su tejido productivo», asegura un experto consultado por OKDIARIO.

Otros analistas rematan el argumento señalando que se trata de un presupuesto nada coherente con el contexto de crisis en el que se adentra la economía, que apenas crecerá entre un 1% y un 1,5% según los organismos internacionales y los servicios de estudios de las principales entidades financieras y consultoras del país -Nadia Calviño apuesta por un 2,1%-. «Resulta absolutamente contradictorio la falta deliberada de control del gasto público combinada con los sacrificios que se exigen a los ciudadanos corrientes y especialmente a la clase media, la gran perjudicada por la reforma fiscal» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En lo que respecta al resto de los ingresos, el presupuesto prevé un aumento del 6% de la recaudación por IVA, que el Gobierno también se ha negado a rebajar en el caso de los bienes de consumo más perentorio -como ha pedido el Partido Popular-, y estima hasta 12.800 millones -casi un 20% más- provenientes de otras figuras tributarias entre las que se incluyen las nuevas tasas sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas y de los bancos, que aún están por definir con precisión, a la espera de las directrices de la Comisión Europea en el primer caso, y del eventual posicionamiento del Banco Central Europeo. En la suma de ingresos no se ha incluido la recaudación por el nuevo impuesto a las grandes fortunas, lo que da idea de la improvisación con la que se concibió esta nueva vuelta de tuerca a los llamados ricos.

Por el lado del gasto, el presupuesto para 2023 se convierte en el más expansivo de la democracia española, con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto, convertidos en una compra de hasta 17 millones de votos en año electoral a base de medidas populistas a costa del contribuyente.  Entre estas medidas electoralistas se encuentran el aumento del salario de los funcionarios -que afectará a 2,7 millones de empleados públicos-, la actualización de las pensiones con el IPC (que se estima en un 8,5% y se aplicará a más de 10 millones de personas), la prolongación de la gratuidad de los trenes de cercanías (2 millones de beneficiarios) en 2023, la subida del ingreso mínimo vital (1,2 millones), el incremento del bono social térmico (1,2 millones de hogares), el cheque-crianza o la extensión de las bajas por maternidad.

La suma de estas partidas con un claro tinte electoral suman un gasto social récord de 267.000 millones (supera el techo de gasto porque incluye las pensiones por una cuantía colosal de 190.000 millones), dentro del cual la medida estrella acordada por el PSOE y Unidas Podemos es el despliegue de una Ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación (que pasan de cuatro a seis meses), así como el impulso de una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años a la que se asimilarán las familias «monomarentales» (sólo con la madre) con dos hijos, que pasarán a formar parte de la actual categoría de familias numerosas.